Ley de Servicio Civil no busca despedir trabajadores

La docente Juana Huaco, directora del programa académico de Administración de Empresas y experta en gestión pública, analiza el proyecto de ley que propone una reforma en la administración pública.

[Foto referencial]

¿Esta ley va en buena dirección?

Totalmente. Desde hace dos gestiones presidenciales la principal crítica era la gestión pública, la cual está muy relacionada con el ordenamiento en la dirección de personas. La coyuntura económica es muy favorable para nuestro país, por ello necesitamos un Estado moderno y ordenado; esta ley es fundamental. El objetivo no es despedir a un empleado, es mejorar la calidad de los que mandan en la administración pública.

¿Qué busca puntualmente la Ley de Servicio Civil?

La meritocracia es el eje central de esta reforma; que todo el proceso de dirección de personas, comúnmente conocido como Recursos Humanos, esté ordenado. Los cambios se relacionan con la capacitación de los empleados, su evaluación y el tema salarial. Son procesos que deben estar integrados y bajo una sola lógica: la mejora del personal de las entidades públicas, eso significa desarrollo de mayores competencias, lo cual se reflejará en el buen servicio y mayor agilidad en la función pública. La ley permitirá formar instituciones públicas fuertes y de calidad que atraigan a tantos profesionales de éxito, como lo hace el sector privado

Las críticas a esta ley apuntan al tema de la estabilidad laboral. ¿Por qué muchos trabajadores públicos están en contra?

Los gremios laborales han “malinterpretado” sus alcances, y temen una ola de despidos. Creo que la estabilidad laboral está mal entendida, pues no significa que uno cuando tiene un puesto debe quedarse allí sin dar aportes a su institución ni mejorar sus rendimientos.

El objetivo de esta ley es crear una élite administrativa, y para ello las evaluaciones son fundamentales. No es cierto que existirán despidos, lo que habrá será un reordenamiento, y para ello se requiere hacer cambios.

Falta quizá una explicación clara sobre la trascendencia que este proceso tiene en el trabajador…

Creo que deben entrar a tallar las direcciones de los propios organismos públicos a nivel nacional. Los funcionarios de las direcciones regionales deben comunicar de modo más claro lo que implica esta ley. Se tiene que dejar claro el mensaje detrás de esta reforma: las mediciones del rendimiento generarán mejoras en el trabajador.

Además, las autoridades gubernamentales y los medios de comunicación deben impulsar una campaña de información, de tal forma que la ciudadanía conozca sus reales alcances.

¿La ‘agilización’ del sector público le dará mayor dinámica al sector privado? ¿Cuál es la conexión entre ambos?

Lo que resta competitividad a nivel país es la lentitud de los procesos en el sector público. Hay indicadores a nivel país que señalan dónde es más fácil crear empresas, agilizar trámites, exportar productos, etc. Nosotros tenemos condiciones económicas favorables, pero aún existen trabas; por ejemplo, cuando queremos obtener licencias en algún municipio para crear un negocio. El sector público debe dar un soporte de agilidad, eficiencia y transparencia al sector privado, y esto también es uno de los objetivos de la ley.

¿Qué otros mecanismos deben implementarse para generar cambios en la gestión pública del país?

La ley nos da el aspecto formal de la reforma, pero queda mucho por hacer aún, sobre todo, en el tema interno de las instituciones. Las direcciones y jefaturas deben optimizar sus procesos de personal, trabajar con transparencia y colaborar con el equipo humano. Hay una gran responsabilidad de las ‘cabezas’ de cada una de las instituciones públicas, hablo de la parte ejecutiva, de los organismos descentralizados, quienes deben llevar a cabo los procesos que se están implantando.